Expirado
Cátedras

Propuestas del economista Javier González Fraga (Presidente del Banco de la Nación Argentina) para el seminario que organizó el Foro Ecuménico Social junto con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, en Roma. 

1.         Marco Introductorio

Habida cuenta de la existencia de visiones más o menos catastrofistas, la mayoría de las investigaciones y análisis señalan a la automatización como un escenario de grandes oportunidades (y riesgos). Sin embargo, frente a la inutilidad del desaliento prefiero ubicarme en la posición optimista y propositiva ya que, si hemos sobrellevado las anteriores revoluciones (primera a tercera), hoy nos encontramos con mayor conocimiento y lecciones aprendidas para afrontar lo que se viene. Recientes trabajos del Banco Mundial, la OIT y OCDE  coinciden en que próximamente asistiremos a una transformación estructural en el mundo del trabajo. Las oportunidades por el avance tecnológico incluyen: aumentar la productividad, tener un mejor acceso a mercados y recursos, participación e innovación. Sin embargo, la tecnología cambia la naturaleza de las “habilidades demandadas” y las relaciones entre empleadores y trabajadores, por lo que es inseparable al futuro del trabajo, el análisis y los cambios alrededor de los riesgos compartidos y los sistemas de protección social. Estos estudios señalan, además, que la mayor parte de los debates sobre los cambios tecnológicos alrededor de la robótica y de la inteligencia artificial se enfocan en las economías así llamadas “avanzadas”. Y esto ocurre a pesar de que en vastas zonas del mundo en desarrollo recién se están adoptando tecnologías simples como Internet broadband. Por eso el Banco Mundial señala que, para “un futuro del trabajo más equitativo e inclusivo”, deben adoptarse políticas públicas específicas para los “bottom 40”  (40% inferior por distribución de ingresos o consumo) en las economías emergentes. Estas economías, en muchos casos, están en una situación crítica incluso antes de ser expuestos a los riesgos de una automatización sin un esquema de transición desde los mercados de trabajo actuales a los nuevos mercados.

Nos encontramos en tiempo de debate sobre el presente y el futuro de nuestras sociedades no sólo alrededor del trabajo en la 4ta. Revolución Industrial.

La búsqueda del bienestar tanto personal como social pertenece a todo ser humano y es innegable que, en muchas partes del mundo (no todas), se alcanzó un progreso material inimaginable para las generaciones precedentes. Sin embargo, esto no ha redundado en mayores cuotas de felicidad, e incluso para enriquecernos más aumentamos la contaminación en las ciudades, la violencia, el abandono (recordemos que Reino Unido recientemente creó una Secretaría de Estado para ocuparse de la soledad).

La pérdida de los aspectos que completan una vida digna se fueron reemplazando por nuevas elecciones consumistas, las cuales para satisfacerse requirieron ganar cada vez más, que genera un “círculo vicioso” muy difícil de romper. Economistas, sociólogos, estadísticos, psicólogos, políticos (un poco menos) están trabajando en todo el mundo para elaborar nuevas medidas de bienestar multidimensional, para comprender los mecanismos que guían las elecciones individuales y colectivas y, a partir de ahí, proponer nuevas políticas dirigidas a promover un bienestar justo y sostenible en aspectos materiales pero también de salud, conocimiento, cultura, relaciones interpersonales, ambiente saludable, uso del tiempo, etc.

La visión tradicional del crecimiento económico cuenta sólo una parte de la historia, la más pomposa, pero no contabiliza las tasas negativas de deterioro ambiental, social y relacional.

Hay buenas noticias, como por ejemplo el trabajo de la Comisión de la Unión Europea del 2010 sobre “Más allá del PBI”, o el lineamiento de la OCDE de medir “El progreso de la sociedad”, el Informe Stiglitz sobre la medida de rendimiento económico y del progreso social del año 2009, los nuevos intereses de los millennials que tienen mayor sensibilidad hacia el cuidado ambiental, el turismo para conocer nuevas culturas, y opciones hacia un consumo más sostenible, así como las distintas experiencias de economía civil, economía social, economía circular, de comunión. Para que esto tome escala falta voluntad política pero, acortar las distancias entre los políticos y los ciudadanos, implica debatir para poder llegar a una visión compartida sobre el bien de la sociedad, detectando los problemas más acuciantes y encontrando las soluciones mejores, con objetivos de mediano y largo plazo. Ya lo decía el premio Nobel Amartya Sen: discutir los indicadores quiere decir, en realidad, discutir los fines últimos de la sociedad.

2.         Una mirada sobre América Latina

Una Región donde encontramos los “bottom 40” es América Latina. Entre el 2000 y 2014 el crecimiento promedio anual del PIB en América Latina y el Caribe superó el 3%. Contrario a la tendencia mundial, durante ese período la desigualdad de ingresos disminuyó en muchos países de la región (Gráfico 1.1, Panel A), fundamentalmente por la aplicación de transferencias condicionadas de ingresos como el Programa Bolsa Familia de Brasil que tuvo como base el Programa Bolsa Escuela creado por Fernando Henrique Cardoso en el 2001 durante el ejercicio como Presidente. Recientemente la región ha enfrentado múltiples desafíos externos derivados del final del superciclo de las materias primas, la desaceleración del crecimiento en China y la normalización gradual de la política monetaria en Estados Unidos. Debido a esto y, a pesar de la heterogeneidad en las características de América Latina, la convergencia respecto de los niveles de vida de los países avanzados ha perdido velocidad y, en algunos países, ha comenzado a revertirse. Ante la falta de reformas estructurales todavía es común, en la región, que las personas con menos competencias queden atrapadas en empleos precarios y poco productivos, con frecuencia en la economía informal (Gráfico 1.1, Panel B.) (OCDE, 2016)

En América Latina, como en la mayoría de las economías emergentes, elevar la productividad es crucial para ir cerrando la amplia brecha respecto de los niveles de vida de las economías avanzadas y escapar a la trampa del ingreso medio. Si bien los latinoamericanos dedican más tiempo promedio a sus actividades laborales que el promedio de la OCDE, esta participación relativamente alta del factor trabajo en el PIB per cápita se ve descompensada por una enorme diferencia en los niveles de productividad (Gráfico 1.2, Panel A). La productividad laboral promedio en la última década indica que, en la mayoría de los casos, la tasa de crecimiento ha sido apenas suficiente para seguir el ritmo de las economías avanzadas e insuficiente para reducir significativamente la brecha en los niveles de vida (Gráfico 1.2, Panel B) (OCDE, 2016)

Un enfoque inclusivo para América Latina requiere de sus gobiernos profundas reformas estructurales que permita a todas las personas y empresas incrementar su potencial productivo para inducir a un crecimiento de la productividad agregada aún mayor, así como a una distribución más equitativa de los ingresos. Un círculo virtuoso requiere actuar simultáneamente sobre sistemas de protección social y factores que ubiquen a América Latina y el Caribe en un sendero de inclusión social y empleo sostenible, pero también en los impuestos sobre los sectores de mayores ingresos.

Si bien la pobreza es multidimensional, una de las dimensiones de la misma es el aspecto material y monetario, que consideramos la base sobre la que se debe apoyar el resto de las intervenciones (sanitarias, educativas, laborales, relacionales).

3.         Sistemas de Protección Social

Los Sistemas de Protección Social comprenden a todas las políticas públicas dirigidas a prevenir o proteger a la población de riesgos sociales como la pobreza, el desempleo o la informalidad, así como las políticas dirigidas a promover oportunidades de desarrollo para las personas. Con matices en su definición, en América Latina y el Caribe, comprenden políticas de seguro social como los programas de jubilaciones y pensiones, seguro de desempleo, asistencia social, asignaciones familiares tanto contributivas como no contributivas, políticas activas del mercado de trabajo, programas de transferencias condicionadas de ingresos y también provisión de servicios como la intermediación laboral, capacitación laboral y formación profesional.

Dos factores motivaron la transformación social de la región en los últimos años: 1) el   crecimiento económico, en especial durante el período 2003- 2008, y 2) una mayor y mejor redistribución, relacionada tanto con la política social, como con la dinámica propia del mercado laboral. El resultado fue un aumento generalizado de los ingresos, en particular de los procedentes de las transferencias monetarias públicas, y ese aumento fue relativamente más acelerado en los estratos de la población con menores ingresos, lo que incentivó no solo la reducción de la pobreza por ingresos, sino también la disminución de la desigualdad.

En lo que refiere específicamente al segundo motor de la transformación social (la mejor distribución de los ingresos), este fue impulsado principalmente por una disminución de la desigualdad de los salarios por hora de trabajadores con diferentes grados de calificación, así como por una mayor y mejor redistribución del gasto público social (Lustig, López-Calva y Ortiz-Juárez,2016#). Dicho gasto, es decir, el gasto destinado a salud, educación, vivienda y protección social, entre otras dimensiones, aumentó de manera notable en la primera década del presente siglo (ver gráfico 2.1).

La descomposición del cambio experimentado en la incidencia de la pobreza por ingresos a lo largo del tiempo en sus dos principales factores, el crecimiento y la redistribución, permite observar que, si bien el primero fue la causa principal de la significativa reducción de este tipo de pobreza durante la última década, con una contribución al cambio del 62%, una mejor redistribución fue responsable del restante 38% —en significativo contraste con lo ocurrido los años noventa, cuando tal efecto fue apenas del 4% (véase gráfico 2.2, 1er círculo: años 1992-2000, 2° círculo: años 2003-2011).

A la luz de las brechas y deudas sociales que todavía persisten en la región, para avanzar decididamente hacia la igualdad de oportunidades y la universalización de derechos es necesario redoblar los esfuerzos. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Esto no solo plantea desafíos en materia de ingresos monetarios sino también en las dimensiones de género, étnicas y territoriales. Precisamente, en grupos excluidos, el empleo tiende a ser precario y no logra constituirse en un vehículo de movilidad social y bienestar. Más aún, las condiciones laborales de amplios sectores de la población distan mucho del horizonte normativo del trabajo decente y no garantizan el acceso a mecanismos de protección social.

La protección social es un elemento diferencial de la política social y requiere responsabilidad por parte de los gobiernos, pero también por parte de la ciudadanía ya que se trataría, en palabras simples, del cuidado que la sociedad presta a sus miembros. Un sistema de protección social debería cumplir, al menos, tres funciones esenciales: a) garantizar a todas las personas un nivel de recursos acorde con la dignidad humana y la existencia de un sistema de salud que brinde cobertura universal, b) tratar de favorecer la integración social de los habitantes de un territorio y el acceso al mercado de trabajo, c) dotar a los trabajadores en el momento en que acceden al haber jubilatorio o deben interrumpir su actividad debido a una enfermedad, accidente, maternidad, invalidez o desempleo, de un ingreso sustitutivo que pueda preservar un nivel de vida digno. (Gómez Paz, 2011).

Las Transferencias Condicionadas (TC) fueron una innovación importante en políticas públicas a mediados de los noventa. En vez de dar subsidios generalizados, controlar precios o distribuir alimentos directamente para ayudar a los más pobres (instrumentos que eran ineficientes, distorsionantes y generalmente regresivos), los gobiernos empezaron a distribuir dinero directamente a las familias más pobres, condicionando esta transferencia a que los niños asistieran a la escuela y/o que realizaran chequeos médicos de salud. Mientras que las evaluaciones muestran que los programas tuvieron los efectos deseados (es decir, las familias aumentaron su consumo – sin evidencia de efectos negativos sobre el mercado de trabajo -, y el uso de los servicios de salud y educación también aumentó) éstos han estado bajo la lupa desde varias perspectivas. Los más nombrados en América Latina son: Asignación Universal por Hijo (Argentina) que así como el Bolsa Familia tenía como antecedente el Fondo de Ingreso Ciudadano para la Niñez de 1997 presentado por la entonces diputada Elisa Carrió y la Coalición Cívica, Bolsa Familia (Brasil), Ingreso Ético Familiar (Chile), Red Unidos (Colombia), Próspera (México), entre otros. Estos programas han sufrido diferentes reformas a lo largo de su implementación en vistas a una mayor universalización con enfoque de derechos. Algunas críticas que se les han hecho radican en la verificación de resultados no homogéneos en términos de salud y educación; aún con transferencia condicionada hay una brecha en la matriculación correspondiente a la educación secundaria; no logran eliminar suficientemente las disparidades de género; muchos países aumentan su deuda pública para financiar estas transferencias monetarias sin modificar estructuralmente las condiciones para la salida de la pobreza. Estas críticas van más allá de los Programas de transferencias. Estos programas son una herramienta que debería ser parte de una estrategia social más amplia, que junto con otras políticas públicas (productividad, fiscal, innovación, redistribución) contribuya a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza (CEPAL, 2011).

Las políticas de protección social orientadas a garantizar la seguridad del ingreso durante la edad productiva son posiblemente las más deficientes de la región. Menos del 5% de la población ocupada de la región recibe beneficios de seguro de desempleo, mientras que este porcentaje asciende al 28% en el caso de América del Norte, al 64% en el caso de Europa Occidental y al 12% en el nivel mundial (OIT, 2015#). Más aún, el acceso a la mayoría de los mecanismos de la seguridad social, como los pagos por incapacidad, la licencia por maternidad y la cobertura ante riesgos laborales, está ligado al acceso a un empleo asalariado formal. Históricamente, los sistemas de protección social de la región han estado segmentados según el tipo de empleo, con altos beneficios para la población empleada formalmente y beneficios muy limitados para la población que se desempeña en el sector informal (Kaplan y Levy, 2014 #) (gráfico 2.3). Así, dada la alta participación del empleo informal en la región, resulta necesario expandir las políticas de protección de modo que estas abarquen también a la población empleada en el sector informal. Si bien se han realizado acciones orientadas al desarrollo de mecanismos flexibles de contribución y de esquemas no contributivos, este es el pilar más deficiente de los sistemas de la región.

Con respecto a los adultos mayores, en América Latina y el Caribe persiste una alta heterogeneidad en lo que refiere al acceso de la población adulta mayor a las pensiones, y el nivel de cobertura de dichas pensiones en la región considerada en su conjunto es menor que el observado en los países desarrollados (ver gráfico 2.4). Así, la expansión de las pensiones no contributivas o con un componente subsidiado para que la población adulta mayor pueda percibir al menos un ingreso mínimo será esencial para garantizar el derecho a la seguridad económica durante la vejez.

En suma, la expansión de los sistemas de protección social con miras a la universalidad, basada en la eliminación de la segmentación por tipo de empleo o por nivel de ingreso, y acompañada de aumentos de la calidad y del nivel de los beneficios (en términos monetarios como en dimensiones cubiertas), será fundamental en la región. No obstante, tanto la cobertura (dimensión horizontal) como los beneficios de los esquemas de protección social (dimensión vertical) dependerán de las posibilidades fiscales de los países (OIT, ONU Mujeres y PNUD, 2012#).

Finalmente, vale resaltar que la existencia de mecanismos de protección social ante los riesgos así como el acceso a un trabajo formal, son importantes para promover la salida de la pobreza por ingresos, pero lo son aún más para evitar la caída en dicha situación en caso de producirse shocks adversos. Por ejemplo, los hogares cuyo jefe o jefa tienen un empleo formal tienen una mayor probabilidad de salir de la pobreza por ingresos. En los hogares de Brasil, Costa Rica, Ecuador y México, la probabilidad de salir de la pobreza por ingresos de los hogares cuyos jefes o jefas tienen empleos formales es aproximadamente de 15 a 20 puntos porcentuales más alta que la de los hogares cuyos jefes o jefas se desempeñan en empleos informales (gráfico 2.5).

4.         Desarrollo humano inclusivo, empleo sostenible y automatización del trabajo

La persistencia de altos niveles de pobreza y de desigualdad en América Latina y el Caribe, pese a los significativos avances en cuanto a reducción hasta el 2013, obligan a pensar un nuevo estilo de desarrollo que implique también profundas modificaciones en los regímenes de bienestar y en las políticas sociales,  Hay que dejar la visión estrecha de una política social preocupada solamente por la reducción de la pobreza, sino enmarcarla dentro de un objetivo más ambicioso: dotar a las personas y a las comunidades de una ampliación de sus libertades, de sus capacidades y autonomía.

Un nuevo estilo de desarrollo implica transformaciones profundas en el modo de producir, distribuir y consumir. Se requiere un cambio estructural progresivo que logre niveles sostenibles de crecimiento económico basados en aumentos de productividad, incorporación intensiva de conocimiento e innovación, generación de valor agregado y justicia distributiva en los beneficios de estas mejoras.

El desempleo sigue siendo una preocupación esencial en la ciudadanía, no sólo por la emergencia de la falta de trabajo, sino también porque su ausencia o su deficiente calidad lleva a la profundización de la pobreza y de las desigualdades y acentúa la vulnerabilidad social. Frecuentemente se confunden los conceptos de trabajo y empleo, que es el trabajo remunerado dentro de la esfera mercantil. El trabajo tiene relación con las necesidades humanas que siempre existirán, por lo cual algunas de estas necesidades se resolverán en el ámbito mercantil y otras no.

Incluso la garantía del derecho universal a un empleo decente, agenda impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que constituye una cuestión todavía pendiente en América Latina y el Caribe, parece de algún modo chocar contra una configuración y dinámica del trabajo que serán en el futuro diferentes de lo que fueron en el pasado. Hasta el momento, aun si las ganancias derivadas del crecimiento económico fueron percibidas por los hogares a través de mejoras en los ingresos laborales que permitieron alcanzar una importante reducción de la pobreza, este proceso no estuvo acompañado de mejora en materia de estabilidad y calidad laboral, lo que sitúa a una importante proporción de la población ante un elevado riesgo de empobrecimiento. Esta cuestión asume una importancia crucial en el actual contexto, en que, debido a las menores proyecciones de crecimiento y a la mayor incidencia de la tecnificación de los procesos productivos y de comercialización, se esperan posibles aumentos de la informalidad y ajustes en el mercado laboral —en especial, se espera una disminución de la fuerza laboral activa, particularmente por la salida de mujeres y de jóvenes con bajos ingresos y bajo nivel educativo (Banco Mundial, 2015b#) pero también por la dificultades que encontrarán los “profesionales de cuello blanco” que realizan tareas sofisticadas pero rutinarias (cf. Rhisiart, Miller y Brooks, 2015).

La informalidad laboral afecta especialmente a los jóvenes y a las mujeres. En 2013, del total de jóvenes ocupados (45,2 millones), solamente el 35% (15,9 millones) se desempeñaba en trabajos formales. Asimismo, más de la mitad de los jóvenes ingresan al mercado laboral desde un trabajo informal (Alaimo et al., 2015#). Entre los jóvenes esta situación tiene un efecto que perdura en el tiempo: las personas que experimentan el desempleo o la informalidad en su juventud tienen un peor desempeño laboral en su vida adulta (Cruces, Ham y Viollaz, 2012#). Además, si se considera el universo compuesto por las pequeñas y medianas empresas de la región, se observa que cerca del 70% de ellas son informales, en tanto que el 27% constituyen micronegocios o empresas muy pequeñas (véase el gráfico 5.1).

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la persistente informalidad y la baja productividad vienen acompañadas de una inestabilidad laboral que se evidencia en la alta rotación de los empleos. En promedio, el 25% de los trabajadores de la región llevan menos de un año en su empleo, y aproximadamente un tercio de los trabajadores que se desempeñan en una empresa determinada en un momento dado ya no se encuentran en ese mismo empleo al cabo de un año (Alaimo et al., 2015#). La combinación de alta inestabilidad, informalidad y baja productividad no permite que el empleo constituya un motor de movilidad ni de progreso sostenible a largo plazo. Los trabajadores informales tienen menos posibilidades de acumular capital humano, menores probabilidades de salir de la pobreza, e, incluso, una mayor probabilidad de volver a caer en ella en caso de producirse shocks externos. Pero la progresiva tecnificación de los procesos productivos y de comercialización, junto con la distinción entre los conceptos de empleo y trabajo, impondrán nuevos desafíos en la configuración óptima del trabajo, en particular en el grado de flexibilidad que mejor se adapte a los nuevos paradigmas tecnológicos/productivos en términos de bienestar de las personas. En este sentido, todos los aspectos negativos de la mayor volatilidad, flexibilidad e informalidad laboral, que es posible que la organización económica imponga crecientemente, deberían por lo tanto sustentarse en una mayor seguridad (económica y social), para las personas y el desarrollo humano, que lo compense.

Es la ocasión para volver a plantear la relación entre empleo, trabajo y satisfacción de necesidades revisando los instrumentos de política social en forma conjunta con una economía que se ocupe de garantizar empleo digno y de calidad.

Desde un punto de vista conceptual, la clave está en cómo se acomoda la tecnología en las tareas laborales o, lo que sucede de hecho, cómo se acomodan las actividades laborales a la nueva tecnología. La tecnología puede demandar recursos humanos de mayor habilidad para que puedan operarla y mantenerla y, de este modo, los avances técnicos tendrán un “sesgo hacia la habilidad” (skill biased technical change).

El análisis del pasado nos está mostrando que las alternativas para nuestro presente y futuro son muchas. Y, de hecho, los estudios empíricos sobre los efectos de la automatización sobre el empleo en el pasado reciente llegan a conclusiones de lo más variadas dependiendo de la metodología aplicada. Por ejemplo, para Frey y Osborne (2013) los riesgos de destrucción de empleo son elevados y pueden alcanzar al 85% del empleo en algunos sectores y países. Otros autores reducen fuertemente, en sus estimaciones, la probabilidad de destrucción (cf. Arntz, Gregory y Zierahn, 216)   como consecuencia de poner el foco en las tareas que realizan los individuos en distintos sectores, y no en la ocupación en sectores misma: no todas las personas que trabajan en una misma ocupación realizan el mismo tipo de tareas. Las diferencias no son triviales, pero en cualquier caso está claro que habrá destrucción de empleo en algunos sectores y nuevos empleos en sectores no muy demandados hasta el momento como cuidado de las personas, tratamiento del medio ambiente, turismo, energías renovables, servicios asociados al e-commerce o robótica (véase el punto 5 más abajo). En líneas generales, se está llegando a un consenso de que el trabajo que tenderá a desaparecer será el asociado a tareas más rutinarias, ya sea no calificadas (ensamblaje, mecánicas, comercio) como también algunas categorizadas como calificadas (análisis financieros y contables, de control de riesgos, de habilidades manuales, de seguimiento de algunos protocolos estandarizados como análisis de imágenes, etc).

Las alternativas en materia de política pública deberán adaptarse a las nuevas modalidades de empleo que están surgiendo en el mundo globalizado, que rompen con la concepción tradicional de trabajo en tanto a que son menos estables, se caracterizan por su corta duración y conllevan una menor seguridad social. La transformación de las relaciones de empleo supone importantes repercusiones económicas y sociales, en particular una mayor vulnerabilidad económica debido a la reducción de la seguridad social y la volatilidad de los ingresos. De este modo, desvincular el empleo formal de la capacitación laboral y la educación continua, de los servicios de cuidados y de la protección social será cada vez más urgente.

5.  La imprescindible vinculación entre protección social, desarrollo humano y acceso al mercado de trabajo como parte de la política económica

En esta línea, la visión de la protección social desde un enfoque de Derechos, impulsada fundamentalmente por instituciones como la CEPAL y las Naciones Unidas, sostienen que la titularidad de los derechos debe guiar las políticas públicas para promover el ejercicio pleno de la ciudadanía. Este enfoque apunta a la construcción de un consenso en el que se contemple:

•          Un umbral mínimo de protección social al cual todo miembro de la sociedad, por el solo hecho de ser ciudadano, debe tener acceso, pero que debe ser realista en función del nivel de desarrollo de la sociedad y el margen viable de redistribución y transferencias entre distintos sectores sociales.

•          Garantizar un ingreso que posibilite sostener niveles de calidad de vida considerados básicos para el desarrollo de las personas asegurando a su vez el desarrollo infantil. Esta función incluye distintos componentes:

-          Facilitar las condiciones socioeconómicas mínimas que hagan posible garantizar derechos básicos de los individuos, en cuanto a ingresos, alimentación, salud, educación, vivienda y servicios básicos, entre otros.

-          Compensar frente a la caída de ingresos por debajo de los estándares consensuados como esenciales. Esto implica garantizar el acceso a mecanismos de aseguramiento permanente ante eventos críticos de diferente naturaleza para frenar caídas bruscas de los ingresos, que ponen en riesgo la capacidad de solventar los costos de un nivel mínimo de bienestar.

-          Ligar las transferencias al desarrollo infantil para asegurar el control de salud y la asistencia escolar de niños y adolescentes incidiendo en la ruptura del circuito de reproducción de pobreza.

•          Identificar la demanda insatisfecha y garantizar el acceso a servicios sociales (salud, educación y vivienda, entre otros) y de promoción, para fortalecer el capital humano y la capacidad de respuesta autónoma de la población.

•          Fomentar el trabajo decente, promoviendo mejores políticas laborales para contribuir a la superación del riesgo asociado al mundo laboral, velando por la realización de los derechos laborales e integrando progresivamente al mercado formal de trabajo al grueso de la población económicamente activa de un país.

Algunas dimensiones que se consideran centrales para la orientación de un sistema de protección social inclusivo que considere la heterogeneidad de la población son:

•          Pobreza y vulnerabilidad

•          Formalidad/informalidad laboral

•          Familia, ciclo de vida y cambio demográfico

•          Provisión de cuidado

Argentina, entre otras cosas, deberá establecer una hoja de ruta para no basar su crecimiento como país primario-exportador y convertirse en una sociedad del conocimiento y el desarrollo humano integral sustentada en una matriz productiva, terciaria y de servicios con alto valor agregado, consolidada en base al empleo digno y en la adecuada protección social de sus habitantes.

En relación con el empleo digno, los cambios socioeconómicos que se van forjando en el siglo XXI, obligan a analizar de qué modo paliar el desempleo, la subocupación y la informalidad atendiendo al hecho de que la población económicamente activa en situación de vulnerabilidad o exclusión social requiere de políticas específicas. El punto de partida argentino es complicado. El nivel de pobreza actual es comparable con el de fines de la década del 90, aun cuando el nivel de desempleo es la mitad del de aquel entonces. Es decir, la condición de pobreza sobrepasa la condición de actividad de las personas. No basta con tener empleo para eludir la pobreza. Más aún, no basta con tener un empleo formal: 1 de cada 10 jefes de hogar con trabajo registrado vive en un hogar pobre. Y las chances de caer en la pobreza se elevan a 36% si cuenta con un empleo informal y a 60% si se encuentra desempleado. La escalada es superior al considerar la pobreza extrema.

En el mundo, en el marco de la llamada “cuarta revolución industrial” se están estudiando los denominados “nuevos yacimientos de empleo”, “empleos de proximidad”, “empleos de utilidad social o pública”, “empleos de servicios a la persona”, etc. Éstos surgen, principalmente, con una doble función: por un lado, para paliar el desempleo o subempleo crónico y, por otro lado, para cubrir nuevas necesidades sociales, desatendidas o parcialmente atendidas.  Esta oportunidad para crear empleo y satisfacer nuevas demandas sociales impacta no sólo en la definición de políticas de estado a nivel nacional sino tiene un papel destacado dentro del desarrollo endógeno local, al ser en la escala territorial donde los nuevos yacimientos se pueden detectar y promocionar más eficazmente.

Una primera categorización de estos yacimientos de empleo se puede ubicar en cuatro grandes grupos:

1)        Los servicios de la vida diaria:

•          Servicios a domicilio de trabajo doméstico

•          Cuidado de los niños, ancianos y personas con discapacidades

•          Nuevas tecnologías de la información y la comunicación

•          La ayuda a los jóvenes en situación de vulnerabilidad y su inserción

2)        Los servicios de mejora del marco de vida:

•          Mejora de la vivienda

•          Seguridad

•          Transportes colectivos locales

•          Revalorización del espacio público urbano

•          Comercios de proximidad, ferias públicas

3)        Los servicios culturales y para el tiempo libre:

•          Turismo

•          Sector audiovisual

•          Deporte y Recreación

•          Valorización del patrimonio cultural

•          Desarrollo cultural local

•          Expresiones artísticas

4)        Los servicios en relación con el medio ambiente:

•          Gestión de residuos

•          Gestión del agua

•          Protección y mantenimiento de las reservas naturales

•          Control de la contaminación y de las instalaciones correspondientes

•          Energías renovables y autogeneración de energía en el domicilio

El espacio de las nuevas oportunidades de empleo es el ámbito indicado para la participación conjunta de agentes públicos, sociales y privados, en un marco de concertación social, con el objetivo de reducir el desempleo, la subocupación y la informalidad a partir de la satisfacción de necesidades sociales que las características del mundo de hoy presentan como desafío.

6. Algunas hipótesis de políticas públicas complementarias: educación secundaria, empleo y desarrollo económico

Argentina, en consonancia con los países desarrollados, ha avanzado en la garantía de derechos humanos; fundamentalmente en la protección de derechos civiles y políticos pero las desigualdades persistentes nos alertan que, en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales aún hay mucho camino por recorrer.

Accionar sobre las causalidades de los problemas de desigualdad y pobreza en Argentina requiere dar un paso fundamental que va de políticas transitorias y de emergencia a una estrategia de desarrollo económico con base en un nuevo patrón distributivo.

Los procesos distributivos son múltiples, pero podemos afirmar que los problemas centrales se encuentran en el mercado de trabajo y en las políticas de ingreso.

Un cambio de visión en el abordaje de los problemas de empleo implica poner en órbita no sólo recursos económicos sino también institucionales y simbólicos.

Hay principios orientadores que urge incluir en una estrategia de políticas de empleo y desarrollo económico: a) no hay productividad más baja que la de un desocupado o subocupado 2) la ausencia o precariedad en el empleo implican menos bienestar para las personas y menos capacidad de demanda para el conjunto de la economía 3) junto con el empleo se deterioran derechos sociales y se afecta la integración social 4) la baja de salarios no garantiza competitividad sistémica.

El aumento de los niveles educativos de la población se asocia al mejoramiento de otros factores clave del desarrollo y el bienestar, como la productividad, la movilidad social, la reducción de la pobreza y la construcción de ciudadanía. Se considera también que la educación es uno de los principales campos de reducción de desigualdades a futuro y una vía privilegiada para la superación intergeneracional de la pobreza, dados los círculos virtuosos que existen entre una mayor educación, la movilidad socio-ocupacional y la obtención de mejores ingresos. 

Lamentablemente, Argentina, a pesar de haber conseguido importantes avances en materia de expansión de la cobertura de acceso de los distintos ciclos educativos en las últimas décadas, no ha logrado transformar el sistema educativo en un mecanismo de reducción de las desigualdades sociales.                              

El 67% de la población de más de 20 años que apenas terminó el secundario (73% de los que no terminaron siquiera el secundario) está ocupada en comercio, industria, construcción, actividades de los hogares, transporte y almacenamiento. Mientras tanto, sólo el 28% de las personas con cursos superiores (completos o incompletos) está empleado en esos sectores, con lo que queda claro que los mismos se pueden definir como mano de obra no calificada intensiva.

Si estamos hablando de complejos problemas estructurales en el empleo, tampoco son efectivos los programas que seleccionan grupos para “capacitarlos” según la hipótesis de que los problemas de inserción laboral se dan porque tienen baja calificación técnica. Se dice que Argentina podría absorber miles de ingenieros por año pero las cosas cambian cuando estamos hablando de incluir a sectores sociales de alta vulnerabilidad social donde es muy difícil que, por ser sujetos de violencia, adicciones y hasta de una reproducción intergeneracional de la pobreza puedan salir de la situación de exclusión en la que se encuentran. 

Pero si hablamos de incrementar la capacitación en el largo plazo sin duda que, en todos los casos, lo que debemos estimular es una mayor retención en el sistema escolar formal y mejorar el servicio de educación pública universal. Además, hasta el momento la calidad de la educación e incluso la oferta de los programas a veces no concuerdan con las necesidades productivas ni con las grandes apuestas nacionales, por lo que existe un desajuste entre el conocimiento que se imparte a los jóvenes y el conocimiento que demandan las empresas. En este sentido, es necesario reducir las barreras que enfrentan las personas, especialmente los jóvenes y la población en situación de pobreza, para ingresar al mercado laboral, prioritariamente formal, y mejorar la calidad de la educación mediante una fuerte inversión orientada al desarrollo de observatorios laborales y de centros de empleo y educación, a fin de promover que la formación esté en consonancia con las demandas productivas.

Habría por lo menos tres efectos principales sobre el empleo provenientes de políticas educativas: a) regulan la entrada al mercado de empleo, reteniendo a los jóvenes en la etapa formativa b) mejoran, en el largo plazo, la capacidad técnica y la capacidad en nuevos aprendizajes de la fuerza laboral c) mejoran incrementos en la productividad sistémica del aparato productivo.

Para ser efectivo esto tiene que estar enmarcado en políticas macroeconómicas y un sistema institucional que estimule la contratación del empleo ofreciendo expectativas de que se va a mantener estable la demanda aplicando políticas específicas para los grupos con mayores problemas por su situación de mayor vulnerabilidad. 

La TABLA 7.5.2  muestra más de 50 sectores que registran entre un 40 y casi un 100% de trabajadores “con secundario incompleto”. Si bien esto no puede vincularse directamente con la empleabilidad (puede no tener secundaria completa pero ser muy competente en una especialidad técnica) sabemos que, en una perspectiva integral de inclusión y desarrollo humano, hay otras dimensiones de la pobreza que hacen que un ciudadano no tenga completamente cubiertas las condiciones de una vida digna.

Las personas en situación de pobreza viven no sólo con escasos recursos materiales sino también, usualmente, con sentimientos de vergüenza y humillación.  Asociar vergüenza y humillación con la pobreza es muy importante por dos aspectos. En primer lugar, por el valor intrínseco que ambas emociones provocan en su salud emocional y física y, en segundo, por el valor instrumental en el que sentirse discriminada o estigmatizada puede significar para que no acceda al beneficio de otras políticas públicas que le serían favorables, por ejemplo: no acceder a un centro de salud, a un centro educativo, o no salir a buscar empleo por sentirse despreciada o estigmatizada. Una de las razones por las cuales las personas en situación de pobreza “sienten vergüenza” se da por el diferente nivel educativo que, entre otras cosas, les posibilita utilizar muy pocos vocablos para expresarse en distintos ámbitos sociales, y que agudiza el problema de la exclusión y de la estigmatización. 

¿Cuál podría ser el interés de los empleadores para comprometerse en mejoras educativas de los trabajadores a su cargo? Desde un punto de vista meramente conceptual, podríamos considerar que los beneficios sobre la población y la sociedad de la acción de las empresas al comprometerse a desarrollar proyectos educativos para sus empleados son efectivamente mayores a los beneficios económicos que la misma empresa podría obtener gracias al impacto sobre la productividad de dichos proyectos. A causa de estas “externalidades”, lo que una “habitual” toma de decisiones económicas sugeriría es que, la elección de embarcarse en un proyecto educativo no sería en gran escala, porque sólo se realizaría en los casos en donde genere beneficios económicos ciertos para la empresa.

Sin embargo, no hay que subestimar y, generosamente ocurre, el hecho de que algunas empresas tengan como visión y valores la educación y capacitación de sus recursos humanos y/o la presencia de autoexigencias de alta gestión laboral como parte de la atención integral de una determinada cadena de valor . Incluso puede haber también exigencias externas que ayuden a propiciar proyectos educativos de las empresas, que podrían provenir de casas matrices en el exterior, exigencias de clientes en mercados locales o externos, condiciones necesarias exigidas por programas de certificación de calidad, etc. Estas exigencias externas ayudarían entonces a “internalizar” los beneficios de estos proyectos.

a)        Teniendo en consideración lo anterior, las empresas podrían tener incentivos para contemplar procesos de formación continuos para los trabajadores a cargo: beneficios internos que reportaría a la firma una mayor formación laboral. Este punto lo mencionamos porque, en mayor o menor medida, siempre existen mejores perspectivas de productividad y beneficios económicos con una dotación de personal más calificada. Por supuesto, esta internalización de beneficios será más directa cuanto más compleja sea la actividad productiva y los procesos involucrados, de modo que la educación y capacitación tengan una utilidad concreta y se compensen los costos de los proyectos educativos. También los proyectos de formación pueden estar asociados a una visión y valores muy firmes de la empresa en cuanto al desarrollo humano de las personas que trabajan en ella. Desde ya, vamos a asumir que, sin algún estímulo adicional proveniente del sector público o de otras instancias, las decisiones privadas respecto a programas educativos para sus trabajadores no son lo suficientemente numerosas para lo que nosotros consideramos adecuado desde un punto de vista del desarrollo social.

b)        Como muchos beneficios de los programas educativos no pueden ser internalizados por la firma (capacitación que luego usufructúa una empresa competidora o, simplemente, el desarrollo humano logrado excede el desarrollo económico de la empresa), el enfoque de las externalidades requeriría alguna especie de beneficio económico adicional como para que las empresas incurran en costos educativos en una escala suficientemente alta. La alternativa más directa sería la de un subsidio a las empresas para un programa educativo para los empleados, por ejemplo, a través de facilidades de las primeras para que sus recursos humanos puedan finalizar la escuela secundaria. El diseño de un subsidio de esta índole quedaría bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, pero con intervención del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Producción.

c)        Aprovechando las condiciones necesarias exigidas por programas de certificación de calidad, podría trabajarse con las distintas entidades de certificación –ISO 14.000, OSHAS, FSC, PEFC- como para encontrar mecanismos que promocionen mayores estándares de gestión laboral, por ejemplo, a través de un Programa de Certificación de Competencias Laborales el cual podría emerger como un instrumento idóneo para estandarizar las mejores prácticas laborales y atender la formación continua de los trabajadores.

d)        En una lógica de costos compartidos entre el sector público y privado con miras a un mayor desarrollo humano, podría pensarse en esquemas de precios de servicios públicos más bajos en caso de que las empresas desarrollen determinados programas educativos para sus empleados, por ejemplo, mediante menores tasas de interés de bancos públicos, menores primas de seguros para accidentes de trabajo mediante conversaciones con la superintendencia de seguros o las ART de bancos públicos, emisiones de deuda a tasa preferencial cuando califiquen determinados proyectos educativos (por ejemplo, mediante un renovado y mejor enfocado Inciso K de las aseguradoras), etc.

7. El rol del Banco de la Nación Argentina

Primero, definimos una “idea fuerza”: PYMES + INVERSION = TRABAJO + CONSUMO = CRECIMIENTO CON INCLUSION SOCIAL

A veces los periodistas me preguntan “por qué a veces algún sector de actividad lo financia la banca privada y no nosotros”.  Y yo le respondo: “porque el Banco Nación no está para hacer lo que hacen los demás, el Banco está para ´hacer lo que no hacen los demás´”. Estamos para prestarles a los que no califican como tomadores de préstamos en los demás bancos, estamos para ir y prestarle a los productores que no califican, como por ejemplo los microemprendimientos; financiamos compra y construcción de viviendas para jóvenes, familias, hogar, no estamos para financiar casas para los ricos.

Nosotros miramos más el esfuerzo que los estados contables. Por ejemplo, a una línea la llamé “Tu esfuerzo es nuestra mejor garantía”. Si tenemos un profesional médico, odontólogo, que al Estado le costó casi 140.000 dólares formarlo, y obtuvo su título en tiempo razonable con calificaciones buenas ¿cómo no hacerle un préstamo para comprarse su equipamiento aunque no haya tenido actividad previa? Les pongo otros ejemplos: los becarios del Instituto Nacional de Investigación Científica y Tecnológica que reciben una beca y no un sueldo, si demuestran esfuerzo y voluntad les decimos “confiamos en vos y te llevás el dinero a sola firma”.

Esto también es banca ética. Tenemos que dejar de depender solamente de balances y garantía y confiar en las personas. Para la banca privada “as usual” estas personas no son sujetos de crédito, para el Banco Nación sí, porque está para hacer lo que otros no hacen por un sentido de “bien común”. No estamos para trabajar para las minorías que no necesitan del crédito sino para la mayoría que sí lo necesita.

Un punto al que quiero referirme es al concepto de integridad. Tiene que ver con el análisis del riesgo operacional al que estamos ampliando con la visión de inclusión social y el impacto ambiental del financiamiento que damos, pero fundamentalmente con la lucha contra la corrupción.

Pero también como Banco podemos hacer mucho contra el consumismo, estimulando un consumo responsable, ético, sobrio. Volviendo a estimular el ahorro y motivar para que los padres en lugar de gastar en costosos viajes a Disneyworld para sus hijos adolescentes abran cajas de ahorro en unidades de vivienda actualizables que permitirá al joven disponer de esa suma una vez cumplida la mayoría de edad. Estamos facilitando el acceso a productos y facilidades a poblaciones muy alejadas de los centros urbanos a través del PIM (sistema de billetera móvil) que no requiere ni 4G, ni 3G ni aplicación y es de gran ayuda a los emprendimientos en los sectores más pobres que no tienen que perder tiempo para sus transacciones y así tener más tiempo para su familia o para mejorar su emprendimiento. Los clásicos “programas de puntos” por canje de premios, para el Banco Nación también es una herramienta de inclusión porque, mediante un convenio con el Ministerio de Desarrollo social, esos canjes se hacen por productos fabricados por sectores asistidos por dicho Ministerio y así transformar programas sociales en trabajo genuino. Estamos llevando adelante un área de Microfinanzas que no se ocupe solamente de la inclusión financiera como “bancarización” sino como “inclusión social a través de las finanzas” ofreciendo productos con acceso sencillo, oportuno y adecuado, provistos de una manera sostenible y responsable, haciendo que nuestros funcionarios de sucursales “dejen los escritorios” y salgan a acompañar los proyectos y los sueños de los excluidos, que salgan a buscar a los que nunca se acercaron a una sucursal porque “eso no era para ellos” y les faciliten el desarrollo de habilidades escondidas que les permitan un trabajo digno y sostenible. Esto lo hacemos con el esfuerzo de nuestro voluntariado corporativo, de mentores, de capacitación, de construcción de redes asociativas. Les pongo un ejemplo: El BNA está colaborando con la organización Los Espartanos, que es una iniciativa de un abogado penalista, ex rugbier que conoció un penal de máxima seguridad y desde el 2009 entrena y forma equipos de rugby dentro del penal enseñando normas, trabajo en equipo, responsabilidad. Hay más de 500 internos formando parte de Los Espartanos y, de los 100 que ya recuperaron la libertad por cumplir la condena, sólo 6 (6%) reincidieron mientras que la tasa de reincidencia según las estadísticas es del 67%!! El BNA no sólo está colaborando con la Fundación sino que va a firmar un convenio por 5 años para multiplicarlo en todo el país, va a nombrar “mentores” dentro de su voluntariado corporativo para que los acompañen en su reintegración social y va a habilitar programas especiales para que empleen como personal en relación de dependencia a quienes cumplan con su condena y hayan tenido buena conducta.

8.  No sólo producción y consumo: configurar un nuevo estilo de vida

 Ya en 1982 un destacado economista argentino Carlos Moyano Llerena destacaba en su libro “Otro Estilo de Vida” algunas consideraciones que hoy los modernos estudios sobre la felicidad, el progreso, el bienestar constatan dentro de los así llamados “países ricos”.  Él sostenía que, las así llamadas “naciones más ricas” se presentan como un modelo universal para los países de menor desarrollo pero sin embargo “no todo anda bien en las naciones más ricas” y sus ciudadanos revelan un alto grado de insatisfacción.

Sin caer en la ingenuidad de que los pobres son más felices que los ricos ya que se constata que la falta de bienes materiales necesarios para la vida es una tragedia, Moyano Llerena proponía que un cambio fundamental se requiere al menos en un punto: sustituir los egoísmos propios de los intercambios por la generosidad del don, del servicio, de la gratuidad. Esto podría brindar una técnica humanizada que provea bienes y que libere el tiempo que se requiere para una mayor plenitud de vida. Hay que limitar lo utilitario para ampliar el espacio de lo no-económico.

Tal vez buena parte de las aspiraciones de Carlos Moyano Llerena serán cumplidas por la así llamada “generación millennials”. El estudio de «Mind the gaps. The 2015 Deloitte Millennial Survey» arroja luz en ese sentido.

El 75% de los millennials ve a los negocios «muy obsesionados con sus propias agendas» y que «no se enfocan suficientemente en ayudar a mejorar la sociedad». Esta percepción es relevante, ya que para seis de cada 10 consultados estar alineados con los propósitos de la compañía es una de las razones por las que optaron por trabajar para sus empleadores.

Los resultados revelan una brecha entre lo que ellos consideran ideales a alcanzar por un negocio y aquello que las empresas se fijan como meta. Si bien reconocen que los negocios existen para hacer dinero, los millennials esperan que sean buenos para los individuos ofreciendo empleo e impactando positivamente en el entorno.

Esto es lo que en Deloitte llaman «la propuesta de valor de la empresa». «Los jóvenes buscan el propósito, la visión, hacia dónde va, si les va a permitir desarrollarse profesionalmente o no». De hecho, el 53% de los jóvenes consultados aspira a convertirse en el «líder número uno» de su empresa. Esto es aún más notorio en América Latina (62%) y Asia (65%). Los datos del estudio condensan la visión de más de 7.800 jóvenes nacidos después de 1982 en 29 países. Todos los participantes cuentan con título universitario, están empleados a tiempo completo y en su mayoría trabajan en empresas del sector privado de gran tamaño (de 100 o más empleados).

Otra de las brechas entre el ideal y la realidad que perciben los millennials es en el concepto de empresas líderes. Ellos creen que «el trato de una organización a sus empleados es la consideración más importante». Tienen en cuenta su impacto general en la sociedad, su desempeño financiero, la creación de productos y servicios innovadores y si la compañía tiene un propósito significativo y bien definido al que es fiel.

Hacia dentro de la organización, los millennials perciben que los líderes ponen énfasis en alcanzar metas financieras de corto plazo (27% de los consultados lo señaló) y en los ingresos personales (30%), mientras que si ellos estuvieran a cargo solo uno de cada 10 los pondría como prioridad (10% y 12%, respectivamente).

Cuando a estos jóvenes se les consulta cuáles serían sus prioridades y se les deja seleccionar tres, el 43% eligió asegurar el futuro de largo plazo para la organización. En esto no se desmarcan de lo que perciben como prioridades de sus líderes (el 39% identificó esta opción), pero sí hay grandes brechas en otros aspectos que para ellos son relevantes, como el bienestar de los empleados (37% frente a 17%) y en realizar una contribución positiva a las comunidades locales (27% versus 18%).

Esta generación de jóvenes considera que si tuvieran el poder de contratar en una empresa para asegurar su éxito en el largo plazo priorizarían el profesionalismo (49% de las respuestas), la flexibilidad y trabajo en equipo (45%), el pensamiento creativo (44%) y rasgos personales como la integridad (38%). Si se les consulta qué valora (o remunera) más el mercado, los porcentajes descienden formando una brecha de al menos 10 puntos porcentuales en todos los casos y en algunos (como en la integridad) se rozan los 20 puntos.

En nuestras propias familias, donde hay millennials, constatamos que hoy más que acumular riquezas y patrimonios prefieren gastar dinero en turismo, conociendo pueblos, costumbres, organizando grupos artísticos, bandas musicales, industrias culturales, dando tiempo al “ocio creativo” que los hace sentir más completos y realizados humanamente.

9.  Conclusiones

Como bien destacaba el Dr. Carlos Moyano Llerena, durante el siglo pasado prevaleció el espíritu de acumulación de bienes materiales, antes que el deseo de disponer de más tiempo para actividades “ociosas”, ya sean estas creativas o recreativas. En efecto, en esos 100 años la productividad del trabajo aumentó hasta duplicarse, pero las horas trabajadas en los países industriales por semana apenas bajaron de 48 a 45.

Las consecuencias positivas de esta 4ta Revolución Industrial, derivadas de la incorporación de tecnología en el trabajo, nos ponen nuevamente ante la misma disyuntiva: ¿Cuál será la respuesta de los jóvenes ante la nueva mayor productividad del trabajo? ¿Harán como hace 100 años acumular más bienes materiales, agravando de esa manera la distribución del ingreso? ¿O, por el contrario, esta vez elegirán trabajar menos horas por semana y posibilitar que más personas accedan a trabajos bien retribuidos?

Si uno analiza las recientes encuestas a los “millennials” cabe mantener la esperanza. Se destaca una actitud distinta de sus progenitores: prefieren mejores condiciones de trabajo, menos horas, más días de vacaciones por año. Y también tienen otros intereses no económicos, solidarios o asociados a actividades creativas. Más ocio y menos negocio. Las nuevas generaciones tienen estos desafíos. Tendremos que esperar a ver qué deciden: solamente acumular más o vivir mejor y más felices acumulando menos y formando parte de sociedades más igualitarias.

Si los trabajadores más capacitados tecnológicamente para beneficiarse, y consecuentemente enriquecerse económicamente, de las nuevas características del trabajo en la nueva era industrial, deciden trabajar menos horas y tomar más días para el entretenimiento, el turismo, el bienestar, se van a producir dos fenómenos positivos. Por un lado se van a generar más oportunidades de empleos en las actividades que requieran mayor capacitación, y por otro, va a crecer la importancia económica de esas actividades vinculadas al turismo, al entretenimiento y al esparcimiento, a los servicios personales, generando nuevos empleos.

No serán suficientes decisiones puramente individuales. Como describí en los puntos anteriores. Particularmente en América Latina, se deberán minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades de los avances tecnológicos a través de alianzas público-privadas principalmente sobre 3 frentes: 1) invirtiendo en desarrollo de habilidades y capacidades para todos adaptando un sistema que, por el momento, transmite conocimientos en edad temprana hacia uno que le permita a la gente aprender a lo largo de toda su vida, 2) asistiendo y acompañando a los trabajadores en la transición hacia los nuevos empleos y nuevas habilidades, 3) repensando y fortaleciendo los sistemas de protección social adaptándolos a los cambios digitales y a las nuevas realidades demográficas y redefiniendo los espacios fiscales y de redistribución de riqueza.

Dentro de 12 años, en el 2030, podremos comprobar si se cumple la profecía de John M. Keynes, en su célebre conferencia en Madrid en 1930 sobre “Las posibilidades Económicas de nuestros nietos”. Entonces dijo que el auge de lo económico tenía sentido solo si era para desterrar el problema económico para toda la humanidad. Pero que esto no se iba a comprobar por otros 100 años. Mientras tanto “la trampa será ley, y la ley será trampeada”. El economista plateaba la superioridad de los valores no económicos frente a los puramente materiales.

En conclusión, como lo plantea claramente el Papa Francisco en la Laudato Si, las soluciones a los desafíos que nos plantea la 4ta Revolución Industrial no pasan exclusivamente por la técnica ni por los aspectos económicos, sino por los valores de los hombres. Es decir por el corazón. Si en los corazones de nuestros jóvenes, prevalece la avaricia, el mundo va a pagar muy caro las crecientes inequidades económicas que va a provocar la robotización y otros avances tecnológicos. Si, por el contrario, nuestros jóvenes incorporan otros valores no económicos, a diferencia de sus padres y abuelos, estamos ante una oportunidad que podría reducir la pobreza y la desigualdad en la humanidad.

10. Bibliografía (a completar)

Calvo, C.  2017. Trabajo para el INTAL/BID sobre Ingreso Ciudadano y Sistemas de Protección Social (a publicar).

Cepal. 2011. Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral, un enfoque de derechos. Simone Cecchini y Rodrigo Martínez. CEPAL, Santiago de Chile

Keynes, John Maynard.1931. Essays in Persuasion. Macmillan. London. First Edition

Moyano Llerena, C. 1982. Otro Estilo de Vida. Editorial Sudamericana. Buenos Aires.

Ocde. 2016. Serie Mejores Políticas. Fomentando un crecimiento inclusivo de la productividad en América Latina. OECD Publishing, París

Viruez, M. 2016. Las prestaciones económicas de garantía de recursos de subsistencia. Universidad

Pablo de Olavide. Sevilla. España. Proyecto de Investigación DER2013-48829-C2-2-R

CÁTEDRA ABIERTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CIUDADANA

AGIPS